El debate sobre la llamada “prioridad nacional” da un paso más en la política autonómica. Vox ha registrado en Les Corts Valencianes una iniciativa para que la Generalitat Valenciana, presidida por el Partido Popular, impulse este principio en el acceso a ayudas sociales, vivienda pública y prestaciones del Estado.
La propuesta, presentada como proposición no de ley y tramitada por la vía de urgencia, insta al Ejecutivo autonómico a trasladar al Gobierno central la necesidad de establecer criterios que prioricen a los ciudadanos españoles en el reparto de recursos públicos. Un planteamiento que, según sus detractores, choca con principios constitucionales básicos como la igualdad ante la ley.
Desde Vox, su portavoz en la Cámara autonómica, José María Llanos, justifica la iniciativa en lo que considera un “deterioro progresivo” del Estado del bienestar. En su argumentación, el dirigente vincula la saturación de servicios públicos y la pérdida de cohesión social a políticas anteriores, defendiendo que las instituciones deben centrarse en proteger “a la comunidad nacional”.
El movimiento no es aislado. La formación ultraconservadora trata de consolidar este enfoque como uno de sus ejes ideológicos en toda España, tras haber logrado incluirlo en acuerdos políticos recientes con el PP en otras comunidades autónomas. En este contexto, la Comunidad Valenciana se convierte en un nuevo escenario de presión política, donde Vox pretende que ese principio pase de los compromisos verbales a los textos oficiales.
La iniciativa también pone a prueba la relación entre los socios parlamentarios. Aunque el PP valenciano no ha formalizado públicamente la adopción de esta medida, Vox sostiene que forma parte del entendimiento político que permitió la investidura del actual presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca.
Desde el Gobierno central y los partidos de izquierda, la propuesta ha sido duramente criticada, calificándola de excluyente y contraria al marco jurídico vigente. A su juicio, introducir criterios de nacionalidad en el acceso a derechos sociales supondría un retroceso en materia de igualdad y podría abrir un conflicto legal.
Más allá de su viabilidad jurídica, la ofensiva de Vox refleja un giro estratégico: situar la “prioridad nacional” en el centro del debate político y obligar al resto de fuerzas, especialmente al Partido Popular, a posicionarse. El resultado de este pulso marcará no solo la agenda autonómica, sino también el tono de futuras negociaciones en otros territorios. @mundiario