La frase cayó en el Senado con la fuerza de una grieta institucional. José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), reconoció que el organismo público no elaboró informes internos para analizar el rescate de Plus Ultra en 2021. Según señala EL PAÍS, bastaron tres informes externos aportados por la propia compañía aérea para desbloquear una ayuda pública de 53 millones de euros.
La admisión no es un detalle técnico. Es el corazón de una polémica que lleva años persiguiendo al Gobierno y a la SEPI. Porque en plena pandemia, mientras miles de pequeñas empresas se hundían esperando ayudas, una aerolínea de tamaño reducido y cuestionada viabilidad económica consiguió un salvavidas millonario sin que el propio Estado elaborara un análisis financiero independiente.
Partearroyo defendió que la carga de trabajo de la SEPI durante la crisis sanitaria era “muy alta” y que se optó por confiar en auditorías externas. “Se decidió que no hacía falta”, declaró ante la comisión de investigación del Senado. También admitió que los auditores externos no verificaban necesariamente que la contabilidad entregada por la empresa fuese correcta.
La explicación, lejos de apagar el incendio político, lo alimenta. La oposición lleva años denunciando que Plus Ultra no cumplía las condiciones para ser considerada estratégica y que arrastraba problemas financieros previos a la covid. El nuevo testimonio añade una pregunta todavía más incómoda: ¿cómo puede aprobarse un rescate multimillonario sin una fiscalización técnica propia?
El caso vuelve además en un momento especialmente delicado. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación bajo secreto sobre un presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos públicos entregados a la aerolínea. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que parte del dinero pudo utilizarse para repatriar capital venezolano hacia Europa.
La SEPI y la sombra de los controles ausentes
La comparecencia de Partearroyo deja una imagen incómoda para la administración pública: la de un Estado que delegó su capacidad de análisis en documentos presentados por la empresa interesada en recibir el dinero.
En términos políticos, el daño es profundo. Porque el rescate de Plus Ultra siempre fue algo más que una ayuda empresarial. Desde el primer momento se convirtió en un símbolo de opacidad, sospechas y luchas partidistas. El PP y Vox sostuvieron durante años que existieron influencias políticas para acelerar la operación y señalaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto mediador informal, algo que él ha negado reiteradamente.
La comparecencia también reabre el debate sobre cómo se gestionó el gigantesco fondo de rescate creado durante la pandemia. Aquella herramienta nació para salvar empresas estratégicas y evitar una destrucción masiva de empleo. Pero cinco años después, varios expedientes continúan rodeados de sospechas judiciales y parlamentarias.
En el Senado, Partearroyo negó presiones políticas y aseguró que el procedimiento siguió el orden cronológico de las solicitudes. Sin embargo, la percepción pública ya no gira únicamente sobre la legalidad de las decisiones, sino sobre la calidad de los controles aplicados.
Air Europa, el otro rescate bajo sospecha
El exalto cargo también habló del rescate de Air Europa, que recibió 475 millones de euros. Según explicó, la compañía tenía preparada toda la documentación antes incluso de formalizar la solicitud, aunque atribuyó esa rapidez a contactos previos con el ICO y no a información privilegiada.
Ese expediente también ha quedado salpicado por el caso Koldo y por las revelaciones sobre la intermediación del empresario Víctor de Aldama junto al exasesor ministerial Koldo García. Aunque la ayuda a Air Europa no ha sido anulada ni imputada judicialmente, el caso ha contribuido a instalar la sensación de que algunos rescates caminaron por un carril distinto al del resto de empresas.
La gran cuestión que deja ahora el testimonio de Partearroyo es institucional. No se trata solo de si hubo delito o no. Se trata de saber hasta qué punto el Estado relajó sus filtros en uno de los momentos más sensibles de la historia reciente. @mundiario