La Unión Europea ha dado uno de los pasos más significativos de las últimas décadas en materia migratoria al cerrar un acuerdo político que acelera expulsiones, amplía mecanismos coercitivos y abre definitivamente la puerta a los llamados centros de retorno en terceros países. El nuevo reglamento de retornos, última pieza pendiente del Pacto Migratorio y de Asilo, confirma algo que ya venía gestándose desde hace años: Bruselas ha consolidado un giro hacia una política migratoria mucho más restrictiva, pragmática y orientada al control.
La nueva normativa busca resolver un problema que numerosos gobiernos europeos llevan años señalando: la baja tasa de ejecución de las órdenes de expulsión. Aunque casi medio millón de personas recibieron órdenes de abandonar territorio europeo durante 2025, apenas algo más de una cuarta parte acabó siendo efectivamente repatriada. Para muchos Estados miembros, esa diferencia entre decisiones administrativas y capacidad real de ejecución había erosionado la credibilidad del sistema migratorio europeo.
“La nueva normativa acelerará el proceso de retorno y aumentará las devoluciones de personas que no tienen el derecho legal a permanecer en la UE”, ha resumido Nicholas Ioannide, viceministro de Migración de Chipre, que es el país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE.
La principal novedad política y simbólica reside en los llamados hubs de retorno o centros de deportación en terceros países. La UE no obliga a utilizarlos, pero sí crea el marco legal para que los gobiernos que quieran hacerlo puedan negociar acuerdos con países extracomunitarios donde enviar a personas cuya solicitud haya sido rechazada. La importancia de este cambio es enorme: por primera vez, Bruselas institucionaliza mecanismos que hasta hace poco eran considerados experimentales o excepcionalmente controvertidos.
En ese contexto, el modelo impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha ganado claramente influencia. La estrategia italiana basada en externalizar parte del control migratorio, buscar acuerdos con terceros países y reducir la presión sobre las fronteras interiores europeas ha pasado de ser observada con cautela a convertirse en referencia política para numerosos gobiernos. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria o Grecia ya exploran fórmulas similares.
Este cambio no responde únicamente a una evolución ideológica. También refleja transformaciones electorales y presiones internas. El crecimiento de partidos nacionalistas y antiinmigración en numerosos países europeos ha modificado las prioridades de las fuerzas tradicionales. El Partido Popular Europeo ha endurecido progresivamente sus posiciones y ha construido mayorías parlamentarias junto a grupos conservadores y formaciones situadas más a la derecha para sacar adelante gran parte de la nueva arquitectura migratoria.
El consenso europeo también se aprecia en la relativa soledad de España dentro del debate. El Gobierno español ha mantenido objeciones sobre la compatibilidad de algunas medidas con estándares internacionales y derechos fundamentales, pero la mayoría de socios europeos considera ahora prioritario reforzar la capacidad de expulsión y aumentar la presión sobre los países de origen.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la ampliación de los perfiles susceptibles de ser enviados a esos centros. El texto final permite trasladar incluso a familias con menores acompañados, algo que inicialmente no contemplaba la propuesta original. Solo los menores no acompañados quedan excluidos. Paralelamente, se endurecen las obligaciones para los migrantes afectados, que deberán cooperar activamente con las autoridades bajo riesgo de sanciones administrativas, pérdida de prestaciones o incluso detención prolongada.
También cambia el concepto mismo de retorno. Hasta ahora, muchas órdenes de expulsión quedaban suspendidas por razones médicas, familiares o dificultades administrativas. Con el nuevo reglamento, buena parte de esos mecanismos de aplazamiento se reducen. Las autoridades nacionales dispondrán además de mayores capacidades para detener preventivamente a personas consideradas con riesgo de fuga o catalogadas como amenaza para la seguridad.
La dimensión exterior de esta estrategia resulta igualmente significativa. La UE ya no limita su política migratoria a sus fronteras. El endurecimiento de visados, condicionamiento de ayudas al desarrollo o presión comercial aparecen ahora como instrumentos para obligar a terceros países a aceptar deportaciones. La lógica es sencilla: si los países de origen no colaboran, Bruselas utilizará otras herramientas diplomáticas o económicas.
En este contexto, el acercamiento a Afganistán representa quizá la muestra más evidente de este nuevo pragmatismo. Mientras las instituciones europeas mantienen críticas severas contra el régimen talibán por la situación de los derechos humanos, paralelamente preparan conversaciones sobre cooperación migratoria y deportaciones. Esa contradicción resume buena parte de la nueva etapa: la seguridad fronteriza y la gestión migratoria han pasado a ocupar un espacio prioritario incluso cuando generan tensiones con otros principios tradicionales de la política exterior europea.
“Es un acuerdo vergonzoso. Este futuro texto pone ideas y retórica xenófobas en la escritura a expensas de los derechos fundamentales de las personas exiliadas, cuyo único delito era nacer con el pasaporte equivocado”, ha dicho la eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara.
La oposición política y humanitaria existe, pero institucionalmente parece minoritaria. La aprobación del reglamento confirma que el centro de gravedad migratorio europeo se ha desplazado. Lo que durante años fue presentado como excepcional o políticamente inviable forma ahora parte de la estructura legal común. Más que una reforma puntual, la UE parece estar construyendo un nuevo paradigma migratorio basado en retornos rápidos, externalización y control reforzado de las fronteras. @mundiario