Pedro Sánchez aterriza este martes en Ankara con una estrategia diseñada al detalle para responder al que previsiblemente será uno de los principales focos de tensión de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la presión de Donald Trump para que todos los aliados eleven su gasto militar hasta el 5% del PIB. Después de un año marcado por los reproches públicos del presidente estadounidense hacia España, el Ejecutivo español ha optado por acudir al encuentro con un argumento basado menos en las declaraciones políticas y más en los datos.
La Moncloa considera que el debate sobre el porcentaje del gasto militar ha eclipsado las capacidades reales que cada país aporta a la Alianza Atlántica. Por ello, el presidente defenderá que España no solo ha alcanzado ya el objetivo del 2 % del PIB en defensa, sino que figura entre los aliados que más han incrementado su inversión en los últimos años y que desempeña un papel creciente en la estructura militar de la OTAN.
El Gobierno sostiene que la fotografía completa difiere del relato según el cual España sería el socio más rezagado de la Alianza. Entre los argumentos que llevará Sánchez destacan varios indicadores como el hecho de que es el presidente del país con mayor número de militares desplegados fuera de su territorio en el flanco oriental de la OTAN y ha asumido por primera vez el mando del componente naval de la Fuerza de Reacción Aliada.
El Gobierno también cree que llega al cónclave con los deberes hechos porque, según las evaluaciones técnicas concluidas en junio, España ocupa el séptimo puesto entre los aliados en cumplimiento de los compromisos de capacidades militares. Madrid es también el octavo mayor contribuyente de ayuda militar a Ucrania desde la invasión rusa de 2022, con cerca de 3.800 millones de euros comprometidos.
A ello añade un dato que el Ejecutivo considera especialmente significativo, que desde 2020 España habría incrementado su inversión en defensa un 146 %, descontada la inflación, lo que la convierte en el cuarto país de la OTAN con mayor crecimiento relativo del gasto. Para 2026, el presupuesto militar español alcanza los 35.419 millones de euros, situándose como el séptimo mayor de la Alianza en términos absolutos.
Sánchez ya no es el único objetivo
Pero la hemeroteca pesa sobre la delegación española. En la cumbre de La Haya del año pasado, España fue el único aliado que rechazó suscribir el compromiso político de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB en 2035. Aquella negativa provocó una dura reacción de Trump, quien acusó públicamente a Sánchez de aprovecharse del esfuerzo del resto de socios y llegó a amenazar con imponer aranceles específicos contra España.
Lejos de rebajar el tono, el presidente estadounidense ha mantenido durante los últimos meses una escalada verbal. “No se está portando bien. Pronto aprenderán. Igual que cuando renunciaron a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y fueron todas nuestras. Nos hicimos con todo”, lanzó en un mitin la semana pasada. A pesar de ello, el Gobierno español interpreta que el contexto ha cambiado.
En La Moncloa consideran que Trump ha ampliado el frente de confrontación con buena parte de los principales dirigentes europeos. Las diferencias con el entonces primer ministro británico laborista ya dimitido Keir Starmer, con el canciller alemán democristiano Friedrich Merz, con el presidente francés centrista Emmanuel Macron o con la primera ministra italiana de derecha radical Giorgia Meloni han reducido el aislamiento político que sufrió España hace un año.
Además, el Ejecutivo subraya que el comunicado final de la cumbre evita fijar explícitamente el objetivo del 5 % como compromiso político vinculante y centra el discurso en el fortalecimiento de las capacidades defensivas europeas y de la industria militar. Ese matiz permite a España respaldar el texto sin necesidad de reproducir el complejo intercambio diplomático que fue necesario negociar hace un año con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El Gobierno insiste en el coste social del 5%
Sin embargo, el Gobierno y la dirección de la Alianza mantienen interpretaciones muy distintas sobre la suficiencia del esfuerzo español. El ex primer ministro neerlandés ha reiterado en vísperas de la cumbre que España difícilmente podrá cumplir los objetivos de capacidades militares manteniendo una inversión próxima al 2 %.
El secretario general ha insistido en que todos los aliados deberán presentar planes “claros, creíbles y concretos” para aproximarse al 5 % del PIB y ha advertido de que dispone de mecanismos para convencer a los países más reticentes, una referencia interpretada ampliamente como dirigida a España. La Moncloa resta importancia a esas declaraciones y considera que responden en buena medida al intento de preservar la cohesión política de la organización frente a las exigencias de Washington. Según el Ejecutivo, las evaluaciones técnicas internas serían mucho más favorables a la posición española.
Sánchez defenderá que aceptar el nivel de gasto reclamado por EE UU supondría movilizar centenares de miles de millones de euros adicionales durante la próxima década, una carga financiera que, según el Gobierno, obligaría a elegir entre elevar la presión fiscal, aumentar la deuda pública o reducir el gasto destinado a sanidad, educación y protección social.
Esa posición responde también a las dificultades internas del Ejecutivo. Los socios del bloque de investidura del PSOE mantienen una oposición frontal a un incremento masivo del gasto militar, lo que ya ha obligado al Gobierno a recurrir en los últimos años a modificaciones presupuestarias aprobadas mediante acuerdos del Consejo de Ministros ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La ausencia de Begoña Gómez
La víspera de la cumbre estuvo marcada además por la decisión judicial sobre la esposa del presidente del Gobierno. El juez sustituto de Juan Carlos Peinado rechazó autorizar a Begoña Gómez a desplazarse a Turquía para acompañar a Sánchez en la reunión de la OTAN, aunque sí permitió que viaje posteriormente al Reino Unido para asistir a la graduación académica de una de sus hijas.
La resolución argumenta que Turquía queda fuera del espacio judicial común europeo y mantiene las medidas cautelares impuestas por el juzgado, mientras que considera que el desplazamiento a Londres presenta menores riesgos por la cooperación judicial existente entre España y el Reino Unido.
La decisión provocó una inmediata reacción del Ejecutivo, que calificó el auto de “incomprensible”. Varios ministros cuestionaron públicamente la hipótesis de un posible riesgo de fuga en un viaje integrado en la delegación oficial española y protegido por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno.
Con ese frente judicial abierto y con la presión de Washington sobre el gasto militar como principal asunto político de la cumbre, Sánchez afronta en Ankara uno de los encuentros internacionales más delicados del año, decidido a sostener que el compromiso de un aliado no puede medirse únicamente por el porcentaje de su presupuesto de defensa, sino también por las capacidades militares que pone al servicio de la Alianza. @mundiario