España abre una nueva etapa en su política migratoria con la aprobación de una regularización extraordinaria que podría afectar a cientos de miles de personas que actualmente viven en situación irregular. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a un real decreto que busca integrar a estos ciudadanos en el sistema legal, laboral y social, en lo que el propio Ejecutivo considera uno de los movimientos más ambiciosos de la legislatura.
La medida permitirá a quienes cumplan los requisitos acceder a permisos de residencia y trabajo, así como a servicios básicos como la sanidad y la afiliación a la Seguridad Social. El objetivo declarado es doble: por un lado, reconocer una realidad ya existente —personas plenamente insertadas en la vida cotidiana— y, por otro, ordenar su situación administrativa para favorecer una integración más estable.
Sin embargo, el decreto no supone una apertura sin condiciones. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha endurecido algunos de los criterios, especialmente en lo relativo a los antecedentes penales. Para facilitar el proceso, se ha previsto un mecanismo que concede un plazo inicial para que los solicitantes aporten documentación desde sus países de origen; en caso de no lograrlo, será la propia Administración la que gestione esos certificados por vía diplomática.
Desde el Ejecutivo, la iniciativa se presenta como una respuesta estructurada a un fenómeno social consolidado. La ministra Elma Saiz ha subrayado que se trata de personas que ya forman parte del tejido social: trabajan, tienen hijos escolarizados y contribuyen a la vida económica y comunitaria. Regularizar su situación, sostiene el Gobierno, no solo amplía derechos, sino que también refuerza las obligaciones y la cohesión del sistema.
El proceso, que podrá iniciarse en los próximos días tanto de forma telemática como presencial, ha sido diseñado con un despliegue administrativo específico para evitar el colapso de los servicios públicos. La intención es compatibilizar la tramitación masiva con el funcionamiento ordinario de la Administración.
En el plano político, la decisión ha reabierto un debate de fondo sobre el modelo migratorio. El Partido Popular ha anunciado una ofensiva contra la medida, cuestionando tanto su alcance como sus posibles efectos. Entre sus críticas, destaca el temor a un “efecto llamada” y la incertidumbre sobre el número final de beneficiarios, así como el impacto en los servicios públicos.
El Gobierno, por su parte, defiende la regularización como un acto de coherencia histórica y social. Recuerda que la iniciativa ha sido impulsada durante años por organizaciones civiles y respaldada por cientos de miles de ciudadanos, lo que le otorga, a su juicio, una legitimidad democrática añadida.
Más allá del choque político, la medida plantea interrogantes de largo recorrido: cómo equilibrar control y acogida, cómo gestionar la integración real de quienes obtengan los permisos y qué efectos tendrá en el mercado laboral y en la percepción social de la inmigración.
Lo que sí parece claro es que la regularización marca un punto de inflexión. No solo por el número de personas afectadas, sino porque redefine el enfoque del Estado ante una realidad que ya estaba presente. Entre el reconocimiento de hechos consumados y la voluntad de ordenar el futuro, el Gobierno ha optado por intervenir de forma decidida en uno de los debates más sensibles de la agenda pública. @mundiario