La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una grieta política que trasciende el ámbito judicial y amenaza con alterar los equilibrios parlamentarios que han sostenido la legislatura de Pedro Sánchez. El auto del juez José Luis Calama, de 88 páginas, no solo describe una presunta estructura de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra, sino que también ha obligado a los socios del Ejecutivo a recalibrar su estrategia de defensa cerrada de un día para otro.
Hasta hace apenas unas horas, buena parte de la izquierda parlamentaria había reaccionado denunciando una posible operación de lawfare, término utilizado en los últimos años para señalar presuntas instrumentalizaciones políticas de la Justicia. Sin embargo, la contundencia del auto judicial y el detalle de las conversaciones, movimientos societarios y transferencias económicas reflejadas en el auto han introducido un elemento de incomodidad difícil de esquivar incluso entre quienes habían salido inicialmente en defensa del expresidente socialista.
El cambio de tono ha sido especialmente visible en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, pasó en menos de un día de denunciar una supuesta persecución judicial contra la izquierda a admitir públicamente su inquietud tras leer el auto. “Tengo ojos en la cara”, reconoció desde la tribuna del Congreso, verbalizando el dilema que atraviesa actualmente a gran parte del espacio progresista de sostener el relato de la cacería política cuando las acusaciones judiciales aparecen respaldadas por abundante documentación.
La intervención de Rufián fue reveladora por varios motivos. Primero, porque reflejó el impacto emocional que el caso está generando entre sectores de la izquierda que durante años han visto en Zapatero un adalid político y moral. Pero también porque mostró el temor creciente a que el desgaste no quede limitado al expresidente y termine erosionando al conjunto del bloque progresista.
“¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta”, esgrimió el portavoz de ERC en la sesión de control de este miércoles. “Yo hoy estoy jodido, yo sé que ustedes están fastidiados. 88 páginas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales”, sentenció Rufián.
Podemos ata a Sánchez a Zapatero
En Podemos también se ha producido un reposicionamiento de cara a la galería. La secretaria general, Ione Belarra, reconoció que el auto “no pinta bien”, una valoración muy distinta a las primeras reacciones de su formación, centradas en denunciar ataques de la derecha política, judicial y mediática que “le tenía muchas ganas”. El matiz es importante porque Podemos formaba parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de Plus Ultra y necesita, por tanto, marcar distancias políticas y de responsabilidad respecto de las decisiones económicas adoptadas entonces.
Belarra intentó precisamente construir esa separación al recordar que las grandes áreas económicas del Ejecutivo estaban controladas por el PSOE y no por Unidas Podemos, a quienes el ala socialista no permitió que tuvieran “ministerios de Estado”. “Al Gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba, porque de confirmarse toda la información, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno de España. Al final, esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros y está completamente atado el futuro de Zapatero al del Gobierno y el del presidente”, espetó la exministra de Derechos Sociales.
El giro discursivo también se ha dejado sentir en Sumar. Tras unas primeras horas marcadas por las sospechas de lawfare, dirigentes como Enrique Santiago han optado por una línea mucho más institucional: si hubo cobro de cantidades por gestiones políticas, afirmó, “eso es un delito”. La coalición impulsada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz intenta así encontrar un difícil equilibrio entre la prudencia judicial y la necesidad de no aparecer alineada con una defensa corporativa del PSOE.
El problema para Sumar es mayúsculo. Los partidos que integran la plataforma temen que el caso refuerce el desgaste general del espacio progresista en un momento especialmente delicado tras varios retrocesos electorales. Pero también existe preocupación ante la posibilidad de que la crisis reactive la percepción de dependencia política respecto al PSOE justo cuando el proyecto intenta marcar perfil propio.
Los socios tienen un dilema
En este contexto, las declaraciones de representantes de Compromís han sido particularmente significativas. Tanto Àgueda Micó (Més) como Alberto Ibáñez (Iniciativa del Pueblo Valenciano) han admitido públicamente que el contenido del auto dificulta sostener la tesis del lawfare. El reconocimiento supone un cambio político relevante porque esa narrativa había funcionado hasta ahora como elemento de cohesión defensiva dentro de la izquierda parlamentaria frente a investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno.
La situación coloca a Pedro Sánchez ante un escenario complejo. Aunque el presidente mantiene públicamente su respaldo a Zapatero y apela a la presunción de inocencia, la reacción de sus socios indica que el margen político para blindar al expresidente se estrecha a toda mecha. La preocupación ya no se limita al contenido judicial del caso, sino al impacto acumulativo que puede tener sobre la credibilidad del bloque progresista.
La clave de las próximas semanas residirá en comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar los socios parlamentarios del Gobierno en su exigencia de explicaciones y, sobre todo, si el caso acaba transformándose en una crisis estructural para el Ejecutivo o permanece encapsulado en la figura del expresidente socialista. Por ahora, nadie en la mayoría de investidura habla de ruptura. Pero el clima político ya ha cambiado.
Y eso, en una legislatura sostenida sobre equilibrios extremadamente frágiles, puede terminar siendo tan relevante como la propia evolución judicial del caso. @mundiario