La Eurocámara ha dado luz verde a dos modificaciones legislativas que transforman de forma significativa el enfoque migratorio del bloque comunitario. Por un lado, ha aprobado la creación de una lista común de “países de origen seguros”, destinada a agilizar el rechazo de solicitudes de asilo procedentes de determinados Estados. Por otro, ha respaldado la revisión del concepto de “tercer país seguro”, que permitirá trasladar solicitantes de asilo a países externos con los que no necesariamente mantienen vínculos personales, siempre que exista un acuerdo de cooperación con la UE o con un Estado miembro.
Estas decisiones, que aún requieren la adopción formal del Consejo de la Unión Europea, allanan el camino para la creación de centros de procesamiento o deportación fuera del territorio comunitario, un modelo defendido por varios gobiernos europeos como instrumento para reducir la presión sobre los sistemas nacionales de asilo. Todo ello inspirado en el llamado “modelo Meloni” con el que la primera ministra de Italia ha abierto centros de deportación en Albania, para alojar a los solicitantes de asilo mientras esperan a que sus solicitudes sean procesadas.
El cambio normativo legitima una estrategia que ya había comenzado a experimentar algunos países, especialmente Italia, que ha impulsado acuerdos con terceros Estados para gestionar solicitudes de asilo fuera del territorio europeo. La reforma permite que los Estados miembros envíen a solicitantes a países considerados seguros incluso si no existe una relación previa directa con el migrante, lo que amplía considerablemente las posibilidades de externalización del proceso de asilo.
Desde las instituciones europeas y varios gobiernos nacionales se argumenta que estas medidas aumentarán la eficacia de los procedimientos, reducirán el número de solicitudes abusivas y reforzarán la cooperación con países socios en materia de control migratorio. Para los defensores de la reforma, el objetivo central es recuperar capacidad de gestión ante el aumento de flujos migratorios irregulares y el colapso recurrente de algunos sistemas de acogida.
La consolidación de la “línea dura” migratoria
El endurecimiento normativo ha generado, sin embargo, un intenso debate político y jurídico dentro y fuera del Parlamento Europeo. Organizaciones humanitarias y parte de los grupos progresistas advierten de que la ampliación del concepto de “tercer país seguro” puede derivar en traslados a Estados con estándares de protección insuficientes, lo que dificultaría el acceso efectivo al derecho de asilo.
También cuestionan la inclusión de determinados países en la lista de “origen seguro”, al considerar que la situación de derechos humanos en algunos de ellos sigue siendo objeto de controversia internacional. Estas críticas reflejan la tensión persistente entre el enfoque securitario que gana peso en la política migratoria europea y la tradición normativa del bloque basada en la protección internacional.
De hecho, entre ellos figura Túnez, que está gobernado por la dictadura de Kais Said, quien también ha sido acusado por violar derechos de los migrantes que tratan de llegar a Europa, pese a que mantiene con la UE un acuerdo para atajar las organizaciones de trata que trafican con humanos.
Otros países en esta lista son Egipto, gobernado desde 2014 por el autócrata Abdel Fattah al-Sisi; Colombia, que vive un repunte en la violencia propiciada por el conflicto armado tras el fracaso de la política de paz total de Gustavo Petro con las guerrillas, y Kosovo, que todavía sufre tensiones latentes entre las autoridades kosovares y la minoría serbokosovar, con enfrentamientos esporádicos a raíz de las reticencias para crear formalmente la Comunidad de Municipios Serbios (CMS), exigida tanto por EE UU como por la UE. Los otros son Bangladesh, la India y Marruecos.
Además, los Estados candidatos a la adhesión a la UE también serán considerados países de origen seguros “a menos que circunstancias relevantes, como violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, si sus ciudadanos tienen una tasa de reconocimiento de asilo en toda la UE superior al 20 %, o sanciones económicas debido a acciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales indiquen lo contrario”. Esta disposición añade a la lista a Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.
Un nuevo equilibrio en la gobernanza migratoria
Más allá de las controversias, la votación confirma una tendencia política más amplia: la convergencia progresiva de gran parte del espectro político europeo hacia posiciones más restrictivas en materia migratoria. El avance electoral de partidos que han situado el control de la inmigración en el centro del debate ha acelerado esta evolución, empujando incluso a fuerzas tradicionales a respaldar medidas más estrictas.
Estas dos reformas fueron fruto de la alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los partidos de la extrema derecha como los Patriotas de Europa (PfE) del primer ministro húngaro Viktor Orbán, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Meloni y la Europa de las Naciones Soberanas (ESN) de la Alternativa para Alemania (AfD), pero también los votos de algunos eurodiputados socialdemócratas como los daneses de la primera ministra Mette Frederiksen.
Con 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones, la Eurocámara ha respaldado la creación de la lista europea de países de origen seguro, y a su vez, el pleno también dio luz verde a 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones al nuevo reglamento sobre la aplicación del concepto de tercer país seguro, que es el que permitirá expulsar a los migrantes a Estados con los que no tienen vínculo alguno.
La reforma del sistema de asilo se integra, además, en la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyo objetivo es reforzar el control de fronteras, acelerar los procedimientos de retorno y redistribuir responsabilidades entre los Estados miembros. @mundiario