La política parlamentaria suele anticipar los grandes cambios antes de que estos se produzcan formalmente. Y eso es precisamente lo que pretende comprobar el Partido Popular esta semana, si existe o no una mayoría potencial dispuesta a dejar de sostener a Pedro Sánchez.
Las votaciones promovidas por el PP en el Senado y el Congreso para exigir elecciones generales y reclamar que el presidente se someta a una cuestión de confianza no alterarán el curso de la legislatura, dado que no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, poseen un indudable valor político. Funcionan como un ensayo general de lo que podría ser, llegado el momento, una mayoría alternativa en torno a una eventual moción de censura.
Alberto Núñez Feijóo mantiene oficialmente esa herramienta constitucional en suspenso. El líder popular insiste en que no presentará una moción sin tener asegurados previamente los apoyos necesarios de los socios de derechas del Gobierno para evitar una derrota parlamentaria que, a su juicio, permitiría a Sánchez salir reforzado políticamente. La cuestión central hasta qué punto los socios de investidura continúan comprometidos con la estabilidad del Ejecutivo.
La condena del exministro José Luis Ábalos, unida al impacto del resto de procedimientos judiciales que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno, como las cloacas que presuntamente lideraba Leire Díez o el rescate millonario de Plus Ultra por el que se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, ha incrementado la presión sobre los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Ninguno de ellos desea aparecer ante su electorado como corresponsable de una situación de creciente desgaste institucional.
Es en ese contexto donde cobra especial relevancia el destino que elijan el PNV y Junts. Ambas formaciones se han convertido en actores decisivos de la actual legislatura y también en las principales incógnitas para el futuro de la legislatura, toda vez que los independentistas han pedido elecciones a Sánchez, mientras que los nacionalistas vascos plantean una suerte de ultimátum de disolución de las Cortes si el PSOE no consigue sacar adelante los Presupuestos de 2027. Sin embargo, ninguna parece hoy dispuesta a precipitar una caída precipitada del Gobierno que implique unir sus votos con Vox, pero tampoco desean transmitir la imagen de un apoyo incondicional.
Junts y PNV se suman a reformar el Reglamento del Congreso
La estrategia de ambas fuerzas pasa por incrementar la presión política sobre La Moncloa mientras preservan su capacidad de negociación. El reciente apoyo de PNV y Junts a una iniciativa del PP destinada a reforzar el control parlamentario sobre el Gobierno constituye un síntoma positivo para Génova. Aunque la toma en consideración de la reforma del Reglamento del Congreso tiene un alcance limitado y deberá todavía superar distintos trámites parlamentarios, el respaldo de ambas formaciones a una propuesta de la oposición revela un malestar creciente con el funcionamiento de la relación entre Ejecutivo y Parlamento. Estos socios exigen más explicaciones, mayor transparencia y una interlocución más fluida con el Gobierno.
La iniciativa popular pretende obligar al Ejecutivo a responder con mayor precisión en las sesiones de control, limitar respuestas evasivas y reforzar la rendición de cuentas parlamentaria. Aunque PSOE, Sumar, ERC y BNG denunciaron la propuesta como un ejercicio de “la farsa e hipocresía”, la aritmética de la votación dejó una fotografía incómoda para el Ejecutivo: 175 diputados apoyaron la reforma frente a 171 que la rechazaron, además de una abstención.
Esa mayoría circunstancial no constituye todavía una alternativa de gobierno, pero sí demuestra que existen espacios parlamentarios de coincidencia entre la oposición y algunos socios habituales del Ejecutivo.
Feijóo es plenamente consciente de ello. Por eso observa especialmente el comportamiento de Junts y PNV en las votaciones de esta semana. El líder del PP no necesita, al menos de momento, que ambos partidos respalden una moción de censura. Le basta con constatar que la distancia política con Sánchez sigue ampliándose y que la cohesión de la mayoría de investidura continúa deteriorándose.
Génova mantiene contactos con Junts
La posición de Junts resulta particularmente relevante. Los contactos entre populares y dirigentes de la formación catalana continúan existiendo, aunque sin avances concluyentes. La dirección del partido de Carles Puigdemont mantiene una estrategia ambivalente en la que se limitan a elevar el coste político de su apoyo al Gobierno sin cerrar completamente la puerta a futuras negociaciones.
Por su parte, el PNV parece inclinarse por preservar la estabilidad institucional hasta, al menos, la discusión presupuestaria. Sin embargo, tampoco oculta su creciente incomodidad ante la acumulación de crisis políticas. Esa postura podría verse forzada a cambiar después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situara a los jeltzales en unas labores de intermediación con la presunta trama de Leire Díez, la exmilitante socialista que supuestamente lideraba las cloacas del PSOE, para conseguir el rescate de 112.8 millones de euros de la empresa vasca Tubos Reunidos, en primera instancia, y un aplazamiento para amortizar su deuda después.
La legislatura entra así en una nueva fase. No parece inminente un cambio de Gobierno, pero sí un progresivo debilitamiento del bloque que permitió la investidura de Pedro Sánchez. En este contexto, las votaciones simbólicas adquieren una importancia extraordinaria. Porque, en política, las mayorías alternativas no suelen surgir de manera repentina. Se construyen gradualmente, mediante señales, distancias calculadas y alianzas parciales.
El Partido Popular intenta precisamente medir si ese proceso ha comenzado. Las próximas horas no decidirán el futuro inmediato del Ejecutivo, pero sí ofrecerán una pista valiosa sobre una cuestión decisiva: si los socios de Sánchez continúan dispuestos a sostener la legislatura hasta el final o si empiezan a prepararse para el escenario político posterior. @mundiario