El salario mínimo vuelve a situarse en el centro de la batalla económica en España. CC OO y UGT quieren que los trabajadores que perciben las retribuciones más bajas comiencen 2027 con una subida del 7% del salario mínimo interprofesional (SMI), una propuesta que elevaría su cuantía hasta aproximadamente 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas. La reivindicación llega en un momento en el que el coste de la vida y, especialmente, el acceso a la vivienda, siguen presionando los presupuestos familiares.
Los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han anunciado este martes su intención de reclamar este incremento al Gobierno. Aunque todavía no han trasladado formalmente la propuesta al Ejecutivo, ya han situado el aumento salarial entre las principales demandas de la movilización general prevista para el próximo 11 de noviembre, convocada en defensa de mejores salarios y soluciones a la crisis habitacional.
La cifra planteada no es menor: supondría elevar el mínimo legal en unos 85 euros brutos al mes respecto a los 1.221 euros actuales, distribuidos en 14 pagas. Para quienes cobran este salario, el debate no se limita a una mejora sobre el papel, sino a cuánto margen adicional tendrán para pagar el alquiler, llenar la cesta de la compra y afrontar los gastos básicos.
El salario mínimo, ante una nueva prueba frente a la inflación
La propuesta sindical parte de dos argumentos. El primero es que los salarios deben evolucionar en consonancia con las retribuciones medias para que el SMI alcance el equivalente al 60% del salario medio. El segundo es la necesidad de compensar el repunte de los precios registrado en los últimos meses y evitar que los trabajadores con menores ingresos pierdan capacidad de compra.
El salario mínimo vigente se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, después del incremento del 3,1% aprobado para 2026. Aquella actualización supuso 37 euros más al mes y salió adelante con el respaldo de CC OO y UGT, mientras que las patronales CEOE y Cepyme rechazaron la propuesta.
La evolución de los últimos años ayuda a entender la importancia de esta discusión. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el SMI ha pasado de 736 a 1.221 euros mensuales, un incremento acumulado del 66%. En ese mismo periodo, los precios aumentaron alrededor de un 23% hasta 2025, lo que permitió una mejora considerable del poder adquisitivo de quienes cobran el mínimo legal.
Sin embargo, ese avance no elimina las dificultades actuales. La inflación interanual se sitúa en el 4,9%, mientras que la media de los últimos doce meses alcanza el 3,3%. En paralelo, el encarecimiento de la vivienda absorbe una parte creciente de los ingresos, especialmente entre los trabajadores que viven de alquiler en las grandes ciudades.
La vivienda cambia el alcance de la reivindicación salarial
El conflicto que plantean los sindicatos va más allá de cuánto debe aumentar una nómina. CC OO y UGT sostienen que la mejora salarial pierde parte de su efecto cuando el coste de la vivienda y los suministros crece a un ritmo difícil de asumir para los hogares.
Por eso, la subida del SMI formará parte de una plataforma de reivindicaciones más amplia para la huelga general del 11 de noviembre. Bajo el lema «Salarios, vivienda, precios», las organizaciones quieren vincular las condiciones laborales con las dificultades para acceder a un hogar, una de las principales preocupaciones económicas de numerosos trabajadores.
Entre las medidas que defenderán figura la creación de un parque público de vivienda asequible mediante una inversión equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) anual durante diez años. El objetivo sería impulsar la construcción de 100.000 viviendas protegidas y asequibles, además de facilitar la incorporación de inmuebles vacíos al mercado.
La meta que plantea UGT es alcanzar 1,5 millones de viviendas asequibles al término de esa década. La propuesta busca ampliar la oferta pública y reducir la presión sobre los precios, aunque su aplicación dependería de decisiones presupuestarias y de la colaboración entre las distintas administraciones.
Los sindicatos también quieren endurecer la regulación de los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas y modificar la aplicación de la Ley de Vivienda para permitir que el Estado o los ayuntamientos intervengan cuando las comunidades autónomas no apliquen las medidas de contención de los alquileres.
El Gobierno todavía no ha fijado cuánto subirá el SMI
La petición de CC OO y UGT no equivale a una subida aprobada. El Gobierno deberá determinar la cuantía definitiva para 2027 y, en ese proceso, tendrá en cuenta las recomendaciones de los expertos que asesoran sobre la evolución del salario mínimo.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la decisión debe apoyarse en ese análisis técnico, siguiendo el procedimiento de los últimos años. Entre los objetivos que ha señalado figura evitar que el SMI pierda poder adquisitivo y mantener su evolución vinculada a la del salario medio.
La negociación volverá a poner sobre la mesa las diferencias entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. CEOE y Cepyme ya rechazaron el último incremento, por lo que una nueva subida del 7% podría abrir otro desacuerdo sobre el coste salarial que deben asumir las empresas.
Además, CC OO y UGT quieren que la negociación colectiva incorpore aumentos anuales de entre el 4% y el 7% durante los próximos tres años, con mayores incrementos para los salarios medios y bajos. Con esta estrategia, pretenden que la mejora de las retribuciones no se limite al mínimo legal, sino que alcance a un conjunto más amplio de trabajadores.
La reivindicación para 2027 abre así dos debates relacionados, pero diferentes: cuánto debe aumentar el salario mínimo para proteger los ingresos y qué políticas hacen falta para que esa mejora se traduzca en una vida más desahogada. El incremento del 7% es, por ahora, la cifra que defienden los sindicatos. La decisión del Gobierno determinará si esa demanda se convierte en la próxima actualización del suelo salarial en España. @mundiario