El Expediente de Regulación de Empleo acordado en Glovo afecta finalmente a 436 repartidores, una cifra inferior a los 766 planteados en un inicio. Este ajuste no surge de la nada, sino de un proceso más amplio de transformación interna en la empresa de reparto, que en los últimos años ha pasado de un modelo basado en trabajadores autónomos a uno de relación laboral asalariada tras numerosas resoluciones judiciales e intervenciones de la Inspección de Trabajo.
Este cambio ha supuesto una reorganización profunda de su estructura operativa. La compañía ha señalado que necesita reducir actividad en determinadas ciudades medianas y pequeñas debido a dificultades logísticas y de rentabilidad. Sin embargo, detrás de esta explicación técnica se encuentra una realidad más compleja, la de un sector que ha crecido con rapidez y que ahora enfrenta el reto de estabilizar condiciones laborales más reguladas.
El impacto del ajuste se extiende por múltiples provincias y refleja cómo la digitalización del reparto no siempre se traduce en estabilidad automática. La economía de plataformas, en este sentido, funciona como una red tensa, que cuando se reajusta genera movimientos bruscos en sus nodos más frágiles, los trabajadores.
Negociación sindical y reducción del ERE
La negociación entre la empresa y los sindicatos ha permitido reducir en unos 300 los despidos previstos inicialmente. Este descenso no es menor y responde a días de conversaciones intensas, además de una huelga previa que evidenció el malestar en la plantilla.
Según representantes sindicales, uno de los puntos clave ha sido el reconocimiento de la experiencia previa de los repartidores, incluyendo los periodos en los que trabajaron como autónomos. Este aspecto resulta relevante porque da continuidad a trayectorias laborales que, de otro modo, quedarían fragmentadas.
También se ha abierto la puerta a recolocaciones voluntarias en municipios de mayor población situados a distancias asumibles. Aunque esta opción no elimina el impacto del ajuste, introduce un margen de movilidad que puede amortiguar parte de las salidas. En términos prácticos, 68 de los despidos podrían no materializarse si estas recolocaciones se concretan.
Indemnizaciones recolocación y el futuro del reparto
El acuerdo establece indemnizaciones de 37 días por año trabajado, una cifra que supera el mínimo habitual en casos de despido improcedente según el marco laboral español. En determinadas zonas sin posibilidad de recolocación, la compensación puede llegar a 42 días, lo que refleja un intento de equilibrar el impacto de la medida.
Más allá de las cifras, este ERE plantea una cuestión de fondo sobre el futuro del reparto urbano. La transición de un modelo flexible a uno asalariado ha traído mayor protección formal, pero también ajustes que afectan directamente al empleo. Es una paradoja que recuerda a un puente que se reconstruye mientras aún es cruzado por quienes lo utilizan cada día.
El reto ahora no es solo cerrar este proceso, sino evitar que la reestructuración se traduzca en una precarización indirecta en el sector. La estabilidad de estas plataformas dependerá de si logran combinar eficiencia empresarial con condiciones laborales sostenibles. En ese equilibrio se juega buena parte del futuro del trabajo digital en España, y este caso se convierte en un termómetro claro de esa tensión aún abierta. @mundiario