La estrategia de algunas grandes fortunas para pagar menos impuestos en España ha cambiado de escenario: el domicilio fiscal pierde protagonismo mientras la estructura del patrimonio gana importancia. La creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha reducido el atractivo de trasladarse a comunidades con ventajas tributarias, pero también ha puesto de manifiesto las limitaciones de un sistema que permite proteger determinados activos mediante fórmulas legales de planificación fiscal.
Un estudio del World Inequality Lab, elaborado por Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano a partir de datos de la Agencia Tributaria correspondientes al periodo 2016-2023, apunta a un cambio significativo. El nuevo gravamen parece haber debilitado la competencia fiscal entre comunidades autónomas en los niveles más altos de riqueza, aunque parte de la respuesta de los contribuyentes se ha desplazado hacia la reorganización de sus bienes.
Madrid pierde su atractivo fiscal para las mayores fortunas
Durante años, la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio convirtió a la Comunidad de Madrid en un destino especialmente favorable para los contribuyentes con grandes patrimonios. La posibilidad de reducir a cero la factura de este tributo incentivaba los cambios de residencia desde otros territorios.
La introducción del impuesto estatal a finales de 2022 alteró ese escenario. Como el nuevo gravamen permite que Hacienda recaude sobre las grandes fortunas, la ventaja de trasladarse a una comunidad con bonificaciones dejó de tener el mismo efecto para quienes superan el umbral establecido.
Los datos analizados por los investigadores reflejan la magnitud del cambio. En 2023, Madrid registró por primera vez un saldo migratorio negativo entre los contribuyentes con un patrimonio neto superior a 3,7 millones de euros. Es decir, salieron más contribuyentes de este grupo de los que llegaron.
El resultado contrasta con la tendencia de los años anteriores, cuando la región había mantenido un balance positivo en este segmento. No obstante, Dmitry Petrov advierte de que todavía es pronto para atribuir el cambio exclusivamente al nuevo impuesto. La evolución de los próximos ejercicios permitirá comprobar si esta tendencia se consolida.
Un impuesto que cambia las reglas de la competencia autonómica
El gravamen de solidaridad nació para evitar que las diferencias fiscales entre territorios permitieran a los contribuyentes más ricos eludir la tributación estatal mediante un simple cambio de domicilio. Su funcionamiento, similar al del impuesto sobre el patrimonio, establece que la recaudación corresponde a la Administración central.
Este mecanismo también modificó los incentivos de los gobiernos autonómicos. Comunidades como Madrid optaron por recuperar para sus propias arcas parte de la recaudación que, de otro modo, habría ingresado el Estado, al modificar las bonificaciones del impuesto autonómico en los términos previstos por la normativa.
El efecto recaudatorio fue considerable. El nuevo tributo incorporó a contribuyentes que antes no pagaban el impuesto sobre el patrimonio en determinados territorios y permitió recaudar cerca de 2.000 millones de euros en España durante 2023, según las cifras recogidas en la investigación.
Sin embargo, el cambio no ha eliminado todas las diferencias fiscales. Los patrimonios situados por debajo del umbral estatal siguen expuestos a las decisiones de cada comunidad autónoma. Quienes poseen entre 700.000 y 3,7 millones de euros pueden continuar beneficiándose de bonificaciones autonómicas que reducen su cuota a cero, siempre que cumplan los requisitos aplicables.
La consecuencia es un sistema con dos dinámicas distintas: menos incentivos para trasladar las mayores fortunas entre territorios y una competencia fiscal que todavía puede influir en los contribuyentes de patrimonios intermedios.
La ingeniería fiscal sustituye a las mudanzas
El principal hallazgo del estudio no está únicamente en los movimientos de residencia, sino en la forma en que los contribuyentes adaptaron sus declaraciones. Según los investigadores, los grandes patrimonios de Madrid redujeron en casi un 6% su riqueza neta gravable declarada en 2023 respecto a la evolución observada en otras regiones.
La investigación atribuye este comportamiento, al menos en parte, a la reorganización de activos para aprovechar las exenciones legales, en lugar de a una reducción equivalente de la riqueza real.
Entre las fórmulas identificadas figuran determinadas operaciones de aportación de bienes personales a sociedades no cotizadas y ajustes en la remuneración de directivos que pueden facilitar el cumplimiento de los requisitos para aplicar beneficios fiscales vinculados a la empresa familiar.
Esta distinción resulta fundamental para interpretar los datos. Un descenso del patrimonio sujeto a tributación no significa necesariamente que los contribuyentes hayan perdido riqueza o vendido sus activos. También puede reflejar cambios en la forma jurídica de poseerlos y declararlos.
Las estimaciones del equipo investigador apuntan a que estas prácticas restaron alrededor de 73 millones de euros a la recaudación pública madrileña en 2022 y 2023. La cifra ilustra el margen que todavía ofrece la normativa para reducir legalmente la base imponible.
La empresa familiar, en el centro del debate
Las participaciones empresariales representan una parte importante de la riqueza de los contribuyentes situados en la cúspide económica. Por eso, las exenciones relacionadas con la empresa familiar tienen un peso especialmente relevante en el rendimiento del impuesto.
El problema no consiste en que cualquier operación societaria sea irregular. La cuestión es hasta qué punto las ventajas fiscales previstas para determinadas actividades económicas pueden utilizarse para proteger patrimonios que, de otro modo, estarían sujetos al gravamen.
Las simulaciones del World Inequality Lab apuntan a una diferencia sustancial: si se eliminara la exención de los activos empresariales de la base imponible, la recaudación conjunta de los impuestos sobre el patrimonio y las grandes fortunas podría superar los 5.000 millones de euros anuales, más del doble de la obtenida en el escenario analizado por los autores.
Se trata de una estimación hipotética, no de una cantidad que el Estado pudiera ingresar automáticamente sin modificar la legislación y considerar las consecuencias económicas de ese cambio.
El reto pendiente: recaudar sin dejar vías de escape
El caso español refleja una dificultad habitual en la fiscalidad de la riqueza: cerrar una vía de elusión no garantiza que desaparezcan los incentivos para reducir la carga tributaria. Cuando cambiar de residencia deja de resultar rentable, la planificación puede trasladarse a la composición y titularidad de los activos.
Para la Administración, el desafío consiste en determinar qué beneficios fiscales cumplen una función económica legítima y cuáles permiten reducir excesivamente la contribución de los patrimonios más elevados. Cualquier reforma deberá tener en cuenta tanto la capacidad recaudatoria como la seguridad jurídica y el tratamiento de las empresas familiares que desarrollan una actividad real.
El estudio de Francisco García-Rodríguez, Dmitry Petrov y Alice Sodano deja así una conclusión relevante para el debate tributario: el impuesto estatal parece haber limitado la carrera entre comunidades para atraer a los contribuyentes más ricos, pero no ha resuelto el problema de fondo.
La discusión ya no se centra únicamente en dónde viven las grandes fortunas, sino también en cómo estructuran su riqueza y qué parte de ella termina tributando. Esa será una de las claves para determinar si el nuevo gravamen consolida sus efectos o si su capacidad para aumentar los ingresos públicos continúa condicionada por las exenciones de la propia ley. @mundiario