La Policía Nacional acudió este miércoles a la sede madrileña de EDA TV, en la calle Lagasca, con una orden judicial de búsqueda y captura contra Vito Quiles. Los agentes irrumpieron en la redacción para detener al polémico creador de contenido tras haber eludido varias citaciones judiciales. Sin embargo, el arresto no pudo ejecutarse debido a que Quiles se encontraba fuera de las instalaciones realizando labores de cobertura, una situación que sus abogados prevén resolver mediante una entrega voluntaria en comisaría.
Un juzgado de instrucción ha dictado una orden de búsqueda y captura contra el activista debido a que ha desatendido y no ha comparecido a varias citaciones judiciales obligatorias relacionadas con los diversos procedimientos penales que tiene abiertos.
La maraña judicial que rodea a Vito Quiles ha encendido un intenso debate político, especialmente por la falta de claridad inicial sobre qué causa exacta motivó su orden de captura. Con varios frentes abiertos en los tribunales —incluyendo querellas por injurias y calumnias impulsadas por figuras del PSOE—, la dificultad de los juzgados para notificarle formalmente aceleró el decreto de detención.
Esta falta de concreción inmediata ha sido utilizada por su entorno mediático para denunciar una supuesta “persecución política”, mientras que sus detractores defienden que se trata de una consecuencia ordinaria por desatender de manera reiterada los requerimientos de la justicia.
El propio Quiles ha sido quien ha difundido la existencia de la orden a través de su perfil en la red social X, vinculando la decisión a una supuesta campaña política. En su mensaje escribió: “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”. Posteriormente, añadió con tono irónico: “He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos”.
Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, ha confirmado la existencia de la actuación policial y ha cuestionado la proporcionalidad de la medida, al considerar que existían vías alternativas de notificación. En declaraciones a El País, el letrado calificó la actuación de “desproporcionada” y de “despropósito”, argumentando que la comunicación podría haberse realizado directamente al investigado, a su procurador o en su domicilio particular, en lugar de acudir a la sede laboral. La defensa sostiene además que aún no se ha concretado de qué procedimiento específico deriva la orden, dentro de un conjunto de causas que siguen abiertas.
Según el entorno jurídico del investigado, la hipótesis principal es que la orden de detención se haya activado tras la falta de comparecencia en alguna citación judicial previa. En estos casos, si un juez constata que un investigado no ha sido localizado o no ha respondido a los requerimientos, puede dictar una orden de detención para asegurar su puesta a disposición judicial. Sin embargo, en este caso concreto persiste la incógnita sobre qué causa ha motivado la medida, ya que Quiles figura implicado en varios procedimientos simultáneos.
Aunque no se ha especificado oficialmente por cuál de las causas se ha activado la orden de detención, Quiles acumula varios frentes penales pendientes. El primero de ellos es un presunto delito de odio relacionado con un altercado en 2024 con una persona con discapacidad, ocurrido durante una protesta contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por este caso, la Fiscalía solicita para él una pena de dos años de prisión.
A este procedimiento se suma una causa abierta en Madrid por revelación de secretos y acoso, tras haber difundido en redes sociales datos del domicilio privado de la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor. Finalmente, también afronta un proceso en Sevilla por injurias y calumnias, debido a una serie de mensajes y publicaciones dirigidas contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.
En paralelo, otras denuncias previas han sido archivadas, como las presentadas por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y por la analista Sarah Santaolalla, lo que añade un componente de heterogeneidad jurídica al conjunto de procedimientos que rodean al comunicador.
En ambos supuestos, los juzgados de Madrid desestimaron las denuncias por presunto acoso y agresión. La justicia determinó, tras examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Senado y de un restaurante de Las Rozas, que las acusaciones de la esposa del presidente del Gobierno y de la analista carecían de relevancia penal, evidenciando la disparidad de resultados en la amalgama de procesos que afronta el comunicador.
Uno de los elementos que ha influido en la dificultad para ejecutar la orden es la propia situación personal y logística del investigado. Según fuentes jurídicas, Quiles reside en Madrid, aunque figura empadronado en Alicante, lo que podría haber complicado la localización en el momento de la notificación. Su defensa sostiene además que es habitual que las comunicaciones judiciales no lleguen correctamente a su persona, un argumento que ahora forma parte de la explicación ofrecida para justificar su ausencia en el momento del operativo policial.
La intervención de los agentes en la sede de EDA TV no tuvo éxito porque el investigado no se encontraba en el lugar en ese momento. Según fuentes cercanas a su entorno laboral, su actividad no se desarrolla de forma fija en la redacción, sino principalmente en la calle o en coberturas externas, lo que habría dificultado su localización.
El bufete de abogados que ejerce su defensa ha calificado la medida policial de “desproporcionada” y ha comunicado a la agencia EFE que el comunicador se encuentra en su residencia con la intención de entregarse de forma voluntaria en una comisaría de Madrid para aclarar su situación ante el juez. @mundiario