La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa aportando nuevos elementos sobre la presunta red que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría actuado para recopilar información sensible relacionada con procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno más próximo del presidente Pedro Sánchez.
Uno de los episodios más significativos recogidos en el sumario gira en torno a una reunión celebrada el 10 de diciembre de 2024 entre la exmilitante socialista Leire Díez, el exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset. La grabación de ese encuentro, incorporada a la causa judicial, refleja una conversación en la que Díez aseguraba que la entonces directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, era una persona de su “confianza” y anticipaba que mantendría conversaciones con ella.
La relevancia de estas manifestaciones no reside únicamente en la afirmación en sí, sino en el contexto en el que fueron realizadas. Según la interpretación de los investigadores, el objetivo de aquella reunión era obtener información detallada sobre la estructura interna de la UCO y sobre algunos de los agentes que dirigían investigaciones especialmente sensibles para el Ejecutivo y para destacados dirigentes socialistas.
Los informes policiales describen una preocupación recurrente dentro de la presunta trama por las investigaciones que afectaban a figuras cercanas al Gobierno. Entre ellas figuraban las diligencias relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente; David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; y el denominado caso Koldo, que terminó derivando en una amplia investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación de contratos públicos.
La UCO sitúa a sus propios investigadores en el centro de la operación
En ese contexto, los investigadores consideran que la UCO se convirtió en un objetivo prioritario. Durante la conversación grabada, Díez preguntó reiteradamente por la organización interna de la unidad, los responsables de determinadas investigaciones y el papel desempeñado por algunos mandos concretos. El nombre que aparece de forma más recurrente es el del teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO y figura clave en varias investigaciones de corrupción que implican a Ferraz y La Moncloa.
La conversación refleja un interés específico por conocer tanto la posición profesional como las supuestas inclinaciones ideológicas de determinados investigadores. Para la Guardia Civil, este tipo de preguntas no formaban parte de una mera conversación informal, sino que se enmarcaban en una estrategia orientada a identificar vulnerabilidades o elementos susceptibles de ser utilizados contra quienes dirigían las pesquisas.
Uno de los aspectos más destacados del sumario es la utilización por parte de Díez de sus contactos institucionales para reforzar su posición ante sus interlocutores. Cuando menciona a la directora general de la Guardia Civil como alguien de su “confianza", la afirmación adquiere relevancia porque coincide con otros elementos recogidos por la investigación. La UCO sostiene que existieron varios encuentros entre Díez y Mercedes González y que ambas mantuvieron comunicaciones a través de WhatsApp.
Los investigadores sospechan que esas relaciones pudieron servir para trasladar inquietudes sobre determinadas actuaciones policiales o para impulsar investigaciones internas sobre los agentes que trabajaban en investigaciones sensibles. La cuestión central para los investigadores no es únicamente si esas conversaciones existieron, sino cuál fue su finalidad y si tuvieron algún efecto real sobre la actuación de la Guardia Civil en la apertura de sendas informaciones reservadas, así como supuestas presiones de la cúpula para “no ser proactivos” en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno.
Una trama construida sobre información, influencia y contactos
El caso Leire ha ido evolucionando desde una investigación centrada en supuestos intentos de interferir en procedimientos judiciales hasta convertirse en una radiografía de las causas judiciales que cercan a La Moncloa. Los documentos incorporados al sumario muestran como constante la búsqueda de datos sobre jueces, fiscales, policías, empresarios y periodistas vinculados de una u otra forma a investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Según la UCO, la presunta organización habría intentado construir un mapa completo de actores relevantes en estas causas. Para ello recurrió a reuniones con antiguos mandos policiales, empresarios investigados, abogados y diversas fuentes que pudieran aportar información útil.
La conversación con Juan Sánchez Yepes encajaría precisamente en esa dinámica. Los agentes consideran que la información facilitada durante aquel encuentro permitió identificar perfiles, funciones y estructuras internas de la unidad policial encargada de investigar la corrupción.