Las comunidades autónomas han aprovechado los últimos meses de recorrido del plan de recuperación europeo para elevar de forma notable su esfuerzo inversor. Entre enero y junio, las operaciones de capital superaron los 7.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. El movimiento refleja la necesidad de acelerar proyectos antes de que se cierre definitivamente el ciclo de los fondos europeos, pero llega acompañado de otra realidad menos favorable: financiar las políticas públicas resulta cada vez más caro.
Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que las autonomías han intensificado especialmente la inversión ejecutada directamente. Las inversiones reales aumentaron un 26,6% durante el primer semestre, mientras que las transferencias de capital destinadas a otros organismos crecieron un 16%.
Andalucía, Galicia, Castilla y León y Madrid concentran algunos de los mayores volúmenes de este gasto. El incremento tiene una lectura clara: el calendario europeo obliga a acelerar la puesta en marcha y certificación de actuaciones financiadas con recursos comunitarios.
El fondo de recuperación nació tras la pandemia como una herramienta extraordinaria para impulsar reformas e inversiones. Ahora entra en su fase definitiva, con los Estados miembros obligados a completar los últimos trámites ante Bruselas antes de que termine el año.
El otro lado de la cuenta: pagar la deuda cuesta más
Mientras las comunidades destinan más recursos a inversiones, otra partida presupuestaria avanza con fuerza: los intereses de la deuda. Entre enero y junio, las obligaciones reconocidas por este concepto aumentaron un 20,85% interanual, hasta acercarse a los 3.000 millones de euros.
La diferencia empieza a notarse con claridad en las cuentas autonómicas. La carga financiera pasó de unos 3.600 millones de euros en 2022 a superar los 7.000 millones en 2025.
Una presión que puede condicionar los presupuestos futuros
El problema no se limita al ejercicio actual. La Rioja, Cantabria y Murcia registran algunos de los mayores incrementos porcentuales en el pago de intereses durante la primera mitad del año, mientras que Cataluña y Madrid soportan las mayores cantidades en términos absolutos.
Las previsiones apuntan, además, a que la presión continuará. Fedea calcula que el coste asociado al servicio de la deuda autonómica podría alcanzar los 11.528 millones de euros en 2029. El motivo es doble: los nuevos préstamos se contratan a costes superiores y los vencimientos antiguos se sustituyen por financiación más cara.
El escenario plantea un dilema para las comunidades: aprovechar al máximo el último impulso de los fondos europeos sin comprometer demasiado espacio presupuestario en los próximos años. La inversión crece ahora, pero el coste de financiar las administraciones también deja una factura que seguirá presente cuando el dinero extraordinario de Bruselas haya desaparecido. @mundiario