La investigación judicial sobre las supuestas maniobras atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez y a personas de su entorno ha abierto un nuevo frente institucional en España. Más allá de las derivadas penales que deberán esclarecer los tribunales, el denominado caso de las “cloacas del PSOE” ha desencadenado una reacción sin precedentes de buena parte de las asociaciones judiciales y fiscales, que consideran insuficiente la respuesta ofrecida hasta ahora por los órganos encargados de velar por la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
La controversia no gira únicamente en torno a los hechos investigados por la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Madrid. El verdadero alcance político e institucional de este episodio radica en que las pesquisas apuntan, según los autos judiciales conocidos hasta la fecha, a una supuesta estrategia destinada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes encargados de investigar causas sensibles para el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por ello la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han expresado públicamente una preocupación que trasciende las circunstancias concretas de la investigación.
Su principal inquietud es la posibilidad de que se hubiera intentado influir o condicionar la actuación de miembros del Poder Judicial mediante campañas de descrédito, recopilación de información personal o presiones indirectas. Especial sensibilidad ha generado la información publicada sobre supuestas investigaciones privadas dirigidas contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de una causa relacionada con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Para estas asociaciones, si las sospechas acabaran confirmándose, supondría un desafío directo a uno de los pilares esenciales del Estado de derecho: la independencia de jueces y fiscales para actuar sin presiones externas. Precisamente por ello, las organizaciones firmantes consideran que la reacción institucional debería haber sido más contundente y específica.
El CGPJ intenta cerrar filas, pero no convence a los jueces
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó recientemente una declaración institucional en defensa de la independencia judicial. En ella advertía del riesgo que suponen “las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales”.
Sin embargo, para una parte importante de las asociaciones judiciales, ese pronunciamiento no respondió plenamente a la gravedad de las circunstancias. La crítica principal no se dirige tanto al contenido de la declaración como a su alcance. Las asociaciones consideran que el órgano de gobierno de los jueces debería haber reaccionado de forma más explícita ante las informaciones relativas a presuntas campañas organizadas para desacreditar a magistrados y fiscales concretos.
Las asociaciones judiciales y fiscales han reivindicado en su comunicado conjunto que “el Poder Judicial actúa con plena independencia, y sometido únicamente al imperio de la ley”, rechaza “todo intento de deslegitimar su función” porque “constituye un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes”.
Por ello, ambos gremios afirman que “se mantendrán expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo, y adoptarán las medidas que estimen oportunas en el ámbito estatal y europeo, en interés no solo de los jueces, juezas, magistrados o magistradas directamente concernidos, sino en el de todos los miembros de la carrera judicial, cuya tranquilidad en el desarrollo de su trabajo no ha de verse perturbada, y debe preservarse como postulado básico de su independencia”.
La Fiscalía, bajo presión por su silencio institucional
La otra gran ausencia señalada por las asociaciones ha sido la de la Fiscalía General del Estado. Las organizaciones de fiscales consideran que la institución debería haber emitido algún pronunciamiento público ante unas investigaciones que afectan directamente a miembros del Ministerio Público, especialmente después de conocerse informaciones sobre presuntos intentos de aproximación a fiscales anticorrupción como José Grinda e Ignacio Stampa para obtener información reservada o influir en procedimientos judiciales, así como los requerimientos de información sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón.
La cuestión resulta particularmente delicada porque varios de los nombres que aparecen vinculados a las investigaciones desempeñan funciones relevantes dentro de la lucha contra la corrupción. Desde esta perspectiva, las asociaciones entienden que la defensa de la autonomía profesional de los fiscales constituye una garantía para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
La polémica ha adquirido una dimensión aún mayor por las declaraciones realizadas en las últimas semanas por distintos dirigentes políticos. Miembros del Gobierno y del PSOE han expresado públicamente sus sospechas sobre la coincidencia temporal de determinadas actuaciones judiciales y policiales, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra y el abordaje de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a Ferraz durante 12 horas, en busca de documentación sobre las supuestas cloacas del partido.
El CGPJ ha afirmado que este tipo de declaraciones, como las del ministro Óscar Puente, “contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho”, socavando con ello “los cimientos de una sociedad democrática avanzada”. @mundiario