El accidente ferroviario de Adamuz no solo dejó una estela de dolor y desconfianza en el sistema ferroviario. También abrió una grieta en el mercado del transporte: billetes de avión disparados, alternativas inaccesibles y miles de viajeros atrapados entre la urgencia y el abuso. En ese contexto, el Gobierno ha decidido intervenir con una medida que hasta ahora parecía tabú: limitar precios en situaciones de emergencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que habilita al Ejecutivo a imponer topes temporales a los precios de viajes, servicios o productos cuando una crisis altere de forma “excepcional” la oferta y la demanda. No se trata solo de trenes o aviones, sino de cualquier bien esencial sometido a tensiones extremas por una catástrofe, un accidente o una emergencia técnica. La norma, que deberá ser convalidada por el Congreso, nace con un objetivo político claro: evitar que el miedo y la necesidad se conviertan en un negocio.
La lógica del decreto es sencilla, pero contundente. Cuando el Gobierno declare una situación de emergencia, el precio de un servicio no podrá superar el máximo registrado en los 30 días anteriores. Si un vuelo Madrid-Sevilla no costó más de 300 euros en ese periodo, ese será el techo. Y si ese precio máximo fue una anomalía —más de un 50% superior a la media—, el tope se fijará tomando como referencia el precio medio más un 50%. Un cortafuegos contra la especulación pura y dura.
La medida responde a una secuencia que se repite en cada crisis: infraestructuras que fallan, demanda que se concentra y precios que se desbocan en cuestión de horas. Ya ocurrió tras la dana de Valencia, con incendios forestales y ahora con el corte de la alta velocidad tras el siniestro de Adamuz. El decreto no promete que viajar sea barato, pero sí que no sea un privilegio reservado a quien pueda pagar el “precio del pánico”.
El mercado bajo estrés y la política del límite
El decreto modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y coloca al Ejecutivo como árbitro en momentos críticos. No fija precios de forma permanente ni generalizada, pero sí establece que, en determinadas circunstancias, el mercado no puede autorregularse sin causar daño social. Es una enmienda directa a la idea de que la oferta y la demanda, por sí solas, siempre conducen a resultados justos.
Desde Consumo se insiste en que no se trata de castigar a las empresas, sino de frenar abusos. Los incrementos de precios seguirán siendo posibles si están justificados por un aumento real de costes o si sirven para introducir nueva oferta que alivie la escasez, siempre que no engorden márgenes. Además, las compañías deberán informar con transparencia sobre los precios medios y máximos del mes anterior, una obligación que apunta directamente a la opacidad de las tarifas dinámicas.
Adamuz como punto de inflexión
El accidente de Adamuz funciona como catalizador político. La indignación social por los precios del transporte alternativo, especialmente del avión, ha acelerado una decisión que llevaba tiempo gestándose. No es casual que el Partido Popular, ahora crítico con la “intervención del mercado”, exigiera días antes medidas para proteger a los consumidores tras el siniestro. El Gobierno lee ahí una ventana de oportunidad parlamentaria para convalidar el decreto.
Críticas empresariales y miedo a la discrecionalidad
La patronal catalana Fomento del Trabajo ha cargado contra la norma, acusando al Ejecutivo de partir de la sospecha de mala fe empresarial y de abrir la puerta a una intervención “discrecional”. El temor del sector es que conceptos como “urgencia” o “riesgo” se utilicen de forma ambigua. El debate, en el fondo, no es técnico, sino ideológico: hasta dónde debe llegar el Estado cuando el mercado falla bajo presión.
El decreto no resolverá por sí solo los problemas estructurales del transporte ni evitará futuras crisis. Pero introduce un mensaje claro: en situaciones límite, el beneficio no puede imponerse sin freno sobre el interés general. Para miles de viajeros atrapados en emergencias, ese límite puede marcar la diferencia entre poder volver a casa o quedar excluidos por el precio. @mundiario