La gasolina vuelve a ser un termómetro político en Francia. Cuando sube el combustible, sube también la presión social, porque no se trata solo de un producto más. Es el coste diario de ir a trabajar, llevar a los hijos al colegio o mantener en pie miles de pequeñas empresas. Y en las últimas semanas, el precio se ha disparado por un factor que siempre actúa como chispa en Europa, la inestabilidad en Oriente Medio y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula buena parte del petróleo mundial.
En ese contexto, el Gobierno francés ha deslizado una idea que en otros momentos habría sido impensable, regular los márgenes de beneficio de las gasolineras para evitar abusos. No se habla de fijar un precio máximo directo, sino de poner límites a las ganancias en la venta minorista. La reacción ha sido inmediata y agresiva.
Un conflicto que nace del bolsillo y no del discurso
Las principales cadenas de distribución, Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc y Coopérative U, han enviado una carta al primer ministro Sébastien Lecornu oponiéndose frontalmente al proyecto. En ese documento, difundido por AFP y recogido por medios franceses como Le Monde, califican la propuesta como injusta, inaplicable e incluso ilegal.
El argumento central de estas compañías es que su margen en el combustible es mínimo, de apenas uno o dos céntimos por litro, y que con eso dicen cubrir únicamente los costes operativos. Si esa cifra es real, la pregunta es evidente. ¿Dónde se está acumulando el beneficio en esta crisis? Las distribuidoras apuntan directamente a las refinerías y grandes operadores integrados, que según ellas han logrado márgenes brutos considerables desde el inicio del conflicto con Irán.
Regular márgenes no es intervenir por capricho
Aquí conviene aclarar algo. Regular márgenes no significa automáticamente atacar al sector privado ni destruir el mercado. Significa asumir que en situaciones excepcionales, cuando el precio de un bien esencial se dispara por causas externas, el Estado tiene la obligación de vigilar que la cadena de valor no se convierta en una autopista para la especulación.
El problema es que si la regulación se dirige solo al último eslabón, la gasolinera, y deja intactos a quienes controlan la refinación y parte del suministro, el efecto puede ser más simbólico que real. Sería como poner un candado en la puerta de casa mientras la ventana sigue abierta.
Transparencia o sospecha permanente
El debate francés deja una conclusión incómoda. Si las empresas están tan seguras de que apenas ganan uno o dos céntimos por litro, lo lógico sería abrir las cuentas con transparencia y permitir auditorías claras sobre toda la cadena, desde la refinería hasta el surtidor. Cuando la información es opaca, el ciudadano siempre acaba sospechando que alguien está llenando el depósito con su bolsillo.
La solución no pasa solo por decretos ni por cartas indignadas. Pasa por un marco que obligue a justificar márgenes en tiempos de crisis, refuerce la competencia real y proteja a los consumidores sin estrangular a quienes operan con costes legítimos. Si no se hace, el combustible seguirá siendo esa cerilla que, cada cierto tiempo, cae sobre un bidón de frustración social. @mundiario