España encara las últimas semanas del Plan de Recuperación con una prioridad clara: garantizar que el último desembolso de los fondos europeos llegue dentro del plazo previsto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó este miércoles en el Congreso que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Comisión Europea para introducir una modificación técnica que permita agilizar los procesos de revisión y certificación de los compromisos asumidos.
La operación no plantea una nueva reforma profunda del plan, sino una simplificación administrativa destinada a facilitar que Bruselas pueda verificar con mayor rapidez el cumplimiento de los hitos establecidos. Según Cuerpo, el objetivo es mejorar la coordinación entre la información que aportan las administraciones españolas y los criterios de evaluación europeos, pero manteniendo el nivel de exigencia pactado.
El margen de maniobra es reducido. España debe completar sus reformas e inversiones antes del 31 de agosto, mientras que los Estados miembros tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar los pagos vinculados al mecanismo europeo. El séptimo desembolso pendiente ronda los 25.000 millones de euros, con unos 21.000 millones en subvenciones y cerca de 5.600 millones en préstamos.
Un mecanismo histórico que afronta su fase más compleja
El cierre del Plan de Recuperación llega después de un proceso marcado por la magnitud de los recursos movilizados y por la dificultad de ejecutar un programa sin precedentes en la Unión Europea. España ya ha recibido varios desembolsos y, tras el desbloqueo del sexto pago por parte de Bruselas, se acerca a los 61.000 millones de euros en ayudas directas y más de 17.000 millones en créditos.
Sin embargo, el último tramo concentra buena parte de la presión política y administrativa. La Comisión Europea ha endurecido el seguimiento de los objetivos asociados a los fondos y en el último pago retuvo una parte de las transferencias al considerar que algunos compromisos aún no estaban completamente cumplidos.
La estrategia actual del Ejecutivo busca evitar retrasos sin renunciar a las reformas previstas. Cuerpo insistió en que la posible adenda técnica no supondrá una reducción de la ambición del plan, una condición que también exige Bruselas para aceptar los cambios.
El Gobierno prepara el relevo con el fondo España Crece
Más allá del cierre del Plan de Recuperación, el Ejecutivo trabaja en una segunda fase para mantener el impulso inversor cuando desaparezcan estos fondos extraordinarios. La pieza central será Instituto de Crédito Oficial (ICO), que gestionará el nuevo instrumento denominado España Crece.
Este fondo pretende canalizar hasta 120.000 millones de euros mediante fórmulas de colaboración entre el sector público y privado. Para ello, el Gobierno negocia con Bruselas la estrategia de inversión y prepara una adaptación del marco del ICO para asumir sus nuevas funciones.
La intención es que la transición entre ambos mecanismos sea continua y que las inversiones vinculadas a la modernización económica, la digitalización y la transición energética no pierdan ritmo tras la finalización del plan europeo.
Con la negociación abierta, España afronta la fase decisiva de un programa que ha condicionado buena parte de la política económica de los últimos años. El reto ahora es cerrar correctamente el último pago y demostrar ante Bruselas que los compromisos asumidos pueden completarse dentro del calendario establecido. @mundiario