A partir de enero todos los vehículos deberán llevar la baliza V-16 con conectividad que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), reducirá atropellos al evitar que los conductores bajen del vehículo para colocar los triángulos y, además, enviará avisos automáticos a los sistemas de tráfico. Es un cambio regulatorio que afecta a más de 33 millones de vehículos y moviliza un mercado en torno a 1.400 millones de euros.
Esta medida singular abrió un debate que va mucho más allá de la seguridad vial y obliga a una mirada crítica. Las dudas no proceden solo de conductores reticentes a comprar el equipamiento: dos asociaciones de la Guardia Civil, la AUGC y la AEGC, discrepan de la DGT y niegan que los viejos triángulos generasen un número de atropellos que justifique su sustitución obligatoria. Es más, en una curva la baliza no garantiza la distancia que ofrecen los triángulos. Si el principal argumento es la reducción de siniestros, ¿dónde están los estudios que lo demuestran de forma concluyente?
A esto se suma un elemento especialmente sensible: el negocio. Que una medida como esta genere un mercado multimillonario en pocos meses exige más transparencia. ¿Quiénes son los fabricantes del dispositivo? ¿Qué garantías hay que descarten “pelotazos” e intereses espurios?¿Cómo se establecieron los criterios de homologación? Facua-Consumidores en Acción acusa a la DGT de estar favoreciendo un fraude en la venta de balizas no homologadas por parte de algunas empresas y exige información de las irregularidades que se están cometiendo. Por eso, estas preguntas son pertinentes y no pueden despacharse con el silencio en un país en el que casos de corrupción erosionan la confianza ciudadana.
Queda un tercer frente: la privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) señala que el dispositivo solo deberá transmitir la ubicación cuando se activa la una emergencia. Pero la desconfianza persiste hacia una tecnología conectada dentro del vehículo y la pregunta es inevitable: ¿qué datos se envían, quién los recibe, cuánto tiempo se almacenan y bajo qué garantías? La promesa de que no habrá rastreo continuo requiere verificaciones técnicas, no solo declaraciones institucionales.
La seguridad vial es un objetivo incuestionable, pero las medidas obligatorias han de ser transparentes. Por eso los ciudadanos exigen respuestas claras a estas preguntas: ¿Qué estudios justifican la obligatoriedad y no una simple recomendación? ¿Por qué España es el único país europeo que impone esta medida? ¿Qué controles hay en “este mercado”? ¿Cómo se garantiza la protección de datos?.
La baliza V-16 puede ser una innovación útil, pero su implantación no debería convertirse en una cuestión de fe. Un dispositivo obligatorio que, al amparo de la seguridad, genera tanto negocio necesita transparencia total. @mundiario