El Congreso ha aprobado una iniciativa impulsada por el PP para exigir al Gobierno explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra, que ha salido adelante gracias al voto favorable y la abstención alternada de Junts, que se ha desgajado del bloque de investidura de Pedro Sánchez para meter presión sobre el Ejecutivo, mientras el PSOE sigue a la defensiva con un discurso crítico hacia las actuaciones judiciales en su contra.
La moción aprobada en la Cámara Baja tras pasar por el Senado no es vinculante, pero sirve para que las Cortes Generales reclamen una revisión exhaustiva del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana, por la que fue imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tal parece que la situación hace aguas la mayoría que sostiene al Ejecutivo de Sánchez, aunque ningún socio se atreve a soltarle la mano por completo.
La iniciativa promovida por el Partido Popular ha salido adelante gracias a una alternativa parlamentaria que vuelve a evidenciar la complejidad de la actual legislatura. El respaldo de Vox, UPN y Coalición Canaria, unido a la posición adoptada por Junts y a las abstenciones registradas en algunos puntos por parte de ERC, ha permitido que prospere una propuesta destinada a exigir explicaciones sobre uno de los rescates empresariales más controvertidos de los últimos años.
Más allá del contenido de la moción, uno de los aspectos más relevantes es el papel desempeñado por Junts. Desde el inicio de la legislatura, el partido independentista catalán ha demostrado que no está dispuesto a actuar como un aliado automático del Gobierno. Su comportamiento parlamentario responde a una lógica propia, basada en la negociación permanente y en la maximización de su capacidad de influencia.
La votación sobre Plus Ultra vuelve a encajar en esa estrategia. Al no alinearse plenamente con el bloque de investidura en una cuestión especialmente sensible, Junts envía una señal tanto al Ejecutivo como a su propio electorado: su apoyo sigue siendo condicionado y no puede darse por garantizado. Esta posición incrementa la presión sobre el Gobierno, cercado por esta y otras tramas como las cloacas del PSOE, pero los posconvergentes se limitan a pregonar que esperan un adelanto de elecciones y rechazan, al mismo tiempo, sumarse a una hipotética moción de censura del PP o aprobar los Presupuestos con los que Sánchez pretende relanzar la legislatura hacia 2027.
El Congreso exige explicaciones al Gobierno
El texto plantea la revisión de “todas las actuaciones administrativas, informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control vinculados” al préstamo millonario otorgado a la aerolínea, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda entonces capitaneado por María Jesús Montero.
La moción reclama “toda la información relativa a la situación económico-financiera y demás circunstancias y actuaciones concurrentes de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas que motivaron, en el año 2020, tras una reunión del expresidente del Gobierno, Zapatero y el ministro (José Luis) Escrivá Belmonte, el aplazamiento para el pago de deudas con la Seguridad Social”.
Además, el escrito pide que el Ejecutivo rinda cuentas ante el Parlamento por “las operaciones y actuaciones que se realizaron desde diversos ámbitos del Consejo de Ministros, también desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (entonces encabezado por José Luis Escrivá), para la consecución del referido rescate, facilitando a las Cortes el acceso íntegro a los expedientes y reforzando los mecanismos de publicidad activa y control parlamentario”.
El último punto, que ha contado con la abstención tanto de Junts como de ERC, solicita que La Moncloa garantice la máxima transparencia no solo en el caso de Plus Ultra, sino que también engloba otras ayudas públicas, rescates empresariales y operaciones financiadas por el FASEE de la SEPI, que precisamente está en la mira de la Audiencia Nacional que instruye la causa Hirurok en la que está incardinada la exmilitante socialista Leire Díez, originada por supuestos amaños de contratos y tráfico de influencias, que desembocaron en el traslado de esa trama a las denominadas cloacas del PSOE.
El PSOE mantiene sus sospechas contra los jueces
Paralelamente, el PSOE ha reforzado en las últimas semanas una línea argumental basada en cuestionar determinadas actuaciones judiciales y su cobertura periodística, relacionadas con los procedimientos que afectan al Ejecutivo. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha evitado asumir expresamente algunas de las declaraciones más duras formuladas desde el Gobierno contra determinados jueces, como el ministro de Transformación Digital Óscar López, quien acusó abiertamente a algunos magistrados de “prevaricar”.
Aunque el portavoz socialista circunscribió esas declaraciones a la opinión personal del ministro, al mismo tiempo ha mantenido el mismo discurso de La Moncloa y Ferraz que denuncia supuestas anomalías en la apertura, tramitación o resolución de esas causas. “Hay hechos”, ha insistido el antiguo lehendakari, “que demuestran que ha habido causas que se abren con recortes de periódicos; distintas velocidades injustificadas y sentencias incomprensibles”. “Que cada uno juzgue”, sentenció.
Se trata de una estrategia defensiva que busca trasladar el debate desde el contenido de las investigaciones hacia el funcionamiento de las instituciones encargadas de desarrollarlas. Sin embargo, esta posición ha ido bajando de tono después de que la Guardia Civil se personara en Ferraz para una requisa de 12 horas, en busca de todo tipo de documentación que ayudara a esclarecer la relación entre la operación de Leire Díez, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la estructura del partido. Precisamente, apuntan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), esta red para torpedear las investigaciones judiciales se habría activado durante los cinco días de reflexión de Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. @mundiario