La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra ha desencadenado una de las mayores tormentas políticas de la democracia reciente y ha colocado al PSOE ante una disyuntiva compleja: tomar distancia de una figura central del sanchismo o convertir su defensa en una batalla política contra la oposición y parte del aparato judicial. El partido ha elegido claramente el segundo camino.
Desde las primeras horas posteriores a conocerse la decisión del juez José Luis Calama, la dirección socialista ha trasladado un mensaje de respaldo total al expresidente. “Tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia”, resumían fuentes del partido en una declaración cuidadosamente diseñada para combinar prudencia institucional y cierre de filas político. Pero el mensaje iba más allá de la cautela jurídica. En Ferraz existe la convicción de que Zapatero vuelve a ser objetivo prioritario de una derecha que, según sostienen, “nunca le perdonó los avances sociales y políticos” impulsados durante sus años en La Moncloa.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, verbalizó ese estado de ánimo con una frase que resume bien el clima interno socialista: “El que pueda hacer, que haga llevado a su máxima expresión”. La idea que se abre paso en el entorno del Gobierno es que la imputación forma parte de una ofensiva política, mediática y judicial destinada a erosionar no solo a Zapatero, sino al propio proyecto político de Pedro Sánchez.
El PSOE cierra filas con Zapatero y denuncia una ofensiva política y judicial de la derecha y la ultraderecha. El PP intensifica la presión sobre Sánchez mientras Vox reclama una moción de censura inmediata
El problema para el PSOE es que Zapatero no es un expresidente cualquiera. Su papel en el actual ecosistema político socialista ha sido mucho más profundo que el de un mero referente histórico. En los últimos años se convirtió en mediador con el independentismo catalán, interlocutor con sectores internacionales, activo electoral decisivo y consejero político permanente del sanchismo. Mientras Felipe González se alejaba progresivamente de la dirección socialista y criticaba abiertamente algunos pactos del Gobierno, Zapatero reforzaba su presencia como uno de los principales apoyos políticos y emocionales de Sánchez.
Por eso, la investigación judicial abierta sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas no golpea únicamente a una persona. Afecta directamente al núcleo simbólico y estratégico sobre el que Sánchez ha consolidado su liderazgo. La dimensión institucional resulta inédita: nunca antes un expresidente democrático había sido imputado formalmente en una causa de presunta corrupción de esta magnitud.
La investigación se centra en posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate de la aerolínea y con una trama de consultorías y operaciones empresariales alrededor de la sociedad Análisis Relevante. Según las pesquisas, esa consultora —vinculada al entorno personal y profesional de Zapatero— habría cobrado cerca de 460.000 euros de Plus Ultra durante cinco años. La Policía ha registrado tanto la oficina del expresidente como la empresa de sus hijas y otras sociedades relacionadas con la investigación.
El expresidente siempre ha negado haber cobrado comisiones ilegales o haber influido indebidamente en el rescate. En comparecencias anteriores en el Senado defendió la legalidad de sus trabajos de consultoría y aseguró que todos los ingresos fueron declarados ante Hacienda. El Gobierno insiste además en que el rescate de Plus Ultra fue supervisado por múltiples organismos públicos y recuerda que las primeras denuncias partieron de la organización ultraderechista Manos Limpias.
Sin embargo, la imagen política del caso resulta devastadora para el Ejecutivo. La idea de que uno de los principales referentes del sanchismo esté siendo investigado por presunta corrupción alimenta inevitablemente el discurso de la oposición. El PP ha reaccionado con una dureza extrema. Miguel Tellado habló de “capos de la trama” y sostuvo que “el tinglado empieza a caer”. Los populares consideran que las investigaciones desarrolladas durante meses en el Senado han quedado políticamente validadas por la actuación judicial y aspiran a convertir el caso en el símbolo definitivo del desgaste del Gobierno.
Al mismo tiempo, Santiago Abascal y Ignacio Garriga intentan elevar todavía más la presión reclamando una moción de censura inmediata contra Sánchez. Pero el PP mantiene cierta cautela estratégica. Alberto Núñez Feijóo sabe que una ofensiva excesivamente precipitada podría reforzar el victimismo del Gobierno y alimentar nuevamente la lógica de bloques que tan útil ha resultado electoralmente para Sánchez.
Resulta igualmente significativo que algunas fuerzas de izquierda hayan cerrado filas con Zapatero. Ione Belarra aseguró que “la derecha le tiene muchas ganas”, mientras Gabriel Rufián salió públicamente en defensa del expresidente. Esa reacción refleja hasta qué punto parte del espacio progresista interpreta la causa no solo como una investigación judicial, sino como un episodio más de la guerra política permanente que atraviesa España.
Pero incluso aceptando la necesidad de preservar la presunción de inocencia, el impacto institucional es enorme. El caso Plus Ultra reabre además una discusión incómoda sobre los rescates empresariales aprobados durante la pandemia. Aquellas ayudas fueron diseñadas en un contexto excepcional, bajo presión económica y con procedimientos acelerados para evitar el colapso de sectores estratégicos. Sin embargo, precisamente esa excepcionalidad dejó espacios grises que hoy son revisados judicialmente.
La gran incógnita política no es únicamente qué recorrido tendrá la causa contra Zapatero, sino hasta qué punto el PSOE podrá evitar que este episodio erosione todavía más la confianza de una parte del electorado progresista moderado. Porque el problema del sanchismo no es solo defender jurídicamente a uno de sus referentes. Es impedir que la percepción de deterioro institucional termine contaminando el conjunto de su proyecto político. @mundiario