La imagen de la ceremonia en Baeza terminó eclipsando el carácter solemne del acto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue abrazado con una sonora pitada y fuertes abucheos tras recordar a los dos guardias civiles fallecidos en una persecución contra una narcolancha frente a las costas de Huelva.
El episodio no fue un gesto aislado de tensión institucional: simboliza el deterioro de la relación entre parte de las fuerzas de seguridad y el Ejecutivo en un momento especialmente sensible para la lucha contra el narcotráfico en el sur de España.
La reacción del público, integrado en gran parte por familiares y miembros vinculados a la Guardia Civil, se produjo cuando Marlaska aseguró comprender “el dolor” y “la rabia” provocados por la muerte de los agentes. El ministro respondió afirmando que él también estaba “dolido” y “rabioso”, pero el malestar acumulado terminó imponiéndose sobre el protocolo militar. La organización del acto incluso tuvo que intervenir por megafonía para pedir respeto institucional y compostura.
El trasfondo del incidente va mucho más allá de un momento incómodo para el Gobierno. La muerte de los agentes durante una persecución marítima ha vuelto a poner en el centro del debate la expansión del narcotráfico en el litoral andaluz y la percepción creciente entre muchos agentes de que están combatiendo a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas con medios insuficientes.
Durante años, el Campo de Gibraltar fue el principal símbolo del narcotráfico marítimo en España. Sin embargo, las rutas se han desplazado progresivamente hacia Huelva y otras zonas atlicas andaluzas. Las asociaciones de guardias civiles sostienen que las organizaciones criminales ya no operan como simples redes de contrabando de hachís, sino como estructuras logísticas altamente profesionalizadas capaces de mover también grandes cargamentos de cocaína.
Las cifras que manejan los agentes especializados reflejan la magnitud del fenómeno: decenas de narcolanchas cruzan semanalmente desde Marruecos hacia la costa española. Estas embarcaciones cuentan con motores de enorme potencia, sistemas de navegación avanzados y una capacidad de maniobra que en muchos casos supera la de los medios policiales disponibles.
La tragedia de Huelva se produjo precisamente durante una persecución de alta velocidad. Dos embarcaciones de la Guardia Civil chocaron en plena operación mientras seguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa. El accidente dejó dos muertos y varios heridos. Aunque oficialmente el Gobierno insiste en que la lucha contra el narcotráfico es una “prioridad”, dentro del cuerpo existe la percepción de que las promesas políticas no se han traducido en una modernización suficiente de recursos y protocolos.
La ausencia de Marlaska en el funeral agravó la crisis
El malestar interno aumentó todavía más tras conocerse que ni Marlaska ni el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acudieron al funeral de los agentes fallecidos. La explicación oficial apuntó a la gestión de la crisis sanitaria relacionada con el hantavirus en Canarias, pero dentro de la Guardia Civil muchos interpretaron la ausencia como una señal de distancia política y emocional respecto al cuerpo.
El impacto simbólico fue enorme porque la Guardia Civil mantiene una fuerte cultura institucional ligada al reconocimiento público de quienes mueren en servicio. En ese contexto, cualquier gesto es observado con enorme sensibilidad.
La polémica creció aún más cuando la vicepresidenta y candidata andaluza María Jesús Montero calificó inicialmente la muerte de los agentes como un “accidente laboral”, expresión que posteriormente matizó al hablar de “muertes en acto de servicio”. Aunque jurídicamente ambas fórmulas pueden coexistir, dentro de los cuerpos policiales la diferencia semántica es importante porque el concepto de “acto de servicio” conecta directamente con el sacrificio y el riesgo inherente a la profesión.
Las críticas contra Interior no proceden únicamente de la oposición política. Varias asociaciones profesionales de guardias civiles llevan años denunciando la falta de embarcaciones adecuadas, equipamiento moderno y refuerzos permanentes en las zonas más conflictivas.
Uno de los puntos más controvertidos sigue siendo la desaparición de OCON-Sur, la unidad especializada creada para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Sus detractores consideran que su desmantelamiento debilitó la capacidad operativa frente a organizaciones criminales cada vez más agresivas y mejor financiadas.
El sindicato ultra Manos Limpias incluso presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo acusando a Marlaska de homicidio imprudente por las muertes de Barbate y Huelva, argumentando que Interior conocía las carencias materiales denunciadas por los agentes y no actuó para corregirlas. Jurídicamente, la viabilidad de esa denuncia es incierta, pero políticamente refleja hasta qué punto la tensión ha escalado.
El Gobierno defiende su estrategia
Desde el Ejecutivo insisten en que sí se han reforzado los medios contra el narcotráfico. La portavoz gubernamental, Elma Saiz, aseguró que desde 2018 se han incrementado los efectivos, se han desplegado nuevas embarcaciones y se han realizado decenas de miles de operaciones antidroga.
Según Interior, el número de agentes destinados a estas tareas ha aumentado alrededor de un 20%, mientras que las operaciones policiales han permitido miles de detenciones. El problema para el Gobierno es que esas cifras chocan con la percepción de muchos agentes sobre el terreno, que consideran que la capacidad operativa de las mafias evoluciona más rápido que los refuerzos estatales.
Además, la situación se produce en un momento políticamente delicado. Andalucía continúa siendo uno de los principales campos de batalla electorales entre PSOE y PP, y la seguridad en el sur se ha convertido en un asunto altamente sensible. El Partido Popular ya ha prometido restaurar unidades especializadas y declarar el Campo de Gibraltar como zona de “singularidad operativa”, una figura que implicaría mayores recursos y mejores condiciones para los agentes. @mundiario