La controversia generada por el presunto acoso a una exconcejal del PP en Móstoles ha trascendido el ámbito municipal para convertirse en una bomba de relojería que alcanza en su conjunto al Partido Popular de Madrid. Las actuaciones cuestionadas afectan directamente a dirigentes del núcleo organizativo más próximo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, especialmente al secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y a la secretaria de Organización, Ana Millán.
Ambos dirigentes han sido señalados por la denunciante como interlocutores directos durante 2024, cuando solicitó amparo al partido por una situación que, según su versión, combinaba acoso sexual inicial y posterior acoso laboral. La exedil sostiene que en las reuniones mantenidas con responsables del partido se intentó persuadirla de no presentar una denuncia judicial y que no se activaron los protocolos internos de protección, extremo que la dirección regional niega, defendiendo que el caso fue tratado como una disputa laboral y que las investigaciones posteriores se archivaron por falta de pruebas.
El caso ha evolucionado hacia un enfrentamiento por el relato. Desde el PP de Madrid se argumenta que las primeras comunicaciones de la concejal hablaban de discriminación laboral y no de acoso sexual, y que el Comité de Derechos y Garantías del partido abrió finalmente un procedimiento que concluyó sin evidencias suficientes para continuar contra el alcalde Manuel Bautista. La denunciante, por el contrario, asegura haber remitido escritos explícitos denunciando acoso sexual y laboral, además de aportar testigos y documentación que, según sostiene, no fueron evaluados de forma presencial ni mediante comparecencias formales.
Este contraste de versiones se ha convertido en el principal elemento de desgaste político para la organización madrileña, especialmente porque el asunto afecta a figuras clave en la estructura de poder interna del partido. La permanencia de los dirigentes señalados en sus cargos y el cierre de filas en torno a ellos han reforzado la percepción de que el episodio trasciende la dimensión judicial y se adentra en el terreno de la responsabilidad política.
La dimensión interna: presión sobre la dirección regional
Más allá del contenido concreto de la denuncia, el impacto político del caso reside en su potencial para erosionar la cohesión interna del PP madrileño. Aunque públicamente la dirección ha defendido la actuación de sus responsables, distintas voces dentro del partido han evitado respaldos categóricos y reconocen en privado que la evolución judicial o la aparición de nuevas pruebas podría ampliar el alcance del problema.
La situación se vuelve especialmente sensible porque una de las dirigentes señaladas, Millán, ya se encontraba bajo investigación judicial por hechos ajenos a este caso, lo que incrementa la exposición política del equipo directivo regional y añade presión sobre la estrategia de comunicación del partido.
El episodio de Móstoles vuelve a colocar en el centro del debate la gestión interna de las denuncias por acoso dentro de los partidos políticos y el equilibrio entre procedimientos internos, investigaciones judiciales y responsabilidades políticas. La cuestión clave no es únicamente si los hechos denunciados pueden probarse en sede judicial, sino también si las organizaciones políticas activan mecanismos de protección adecuados y transparentes cuando surgen acusaciones de esta naturaleza.
En términos políticos, el impacto del caso dependerá de dos factores: la evolución de las actuaciones judiciales y la capacidad del PP de Madrid para contener el desgaste reputacional en su propio núcleo de dirección. Por ahora, el cierre de filas refleja una apuesta por resistir la presión mediática y judicial, pero la continuidad del asunto en la agenda pública mantiene abierto un frente potencialmente incómodo para el entorno político más próximo a Díaz Ayuso. @mundiario